Santo Domingo. El Ministerio Público informó este martes que la cantidad de víctimas en la red de estafa inmobiliaria desmantelada mediante la Operación Guepardo aumentó a 175 y que otras personas podrían sumarse al proceso legal en los próximos días.
“En el día de hoy se han aumentado a 175 víctimas“, afirmó el fiscal Claudio Cordero tras la audiencia de medida de coerción. Como resultado, la jueza Margarita Cristo, de la Oficina de Atención Permanente de La Romana, dictó 18 meses de prisión preventiva contra los imputados Marisol Nova Novasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux. El Ministerio Público señala a Giroux como el cabecilla de la estructura fraudulenta.
En un comunicado, Alexandre Giroux declaró que su nombre ha sido vinculado erróneamente a este caso y que no tuvo participación ni control sobre las operaciones de la empresa Novasco Real Estate, asegurando que vendió sus acciones hace más de dos años y que su compromiso con la transparencia incluía un pagaré con pagos escalonados para garantizar que los clientes recibieran sus propiedades. Sin embargo, el fiscal Cordero desestimó esta versión, señalando que el imputado abandonó la sociedad empresarial con el fin de evadir responsabilidades.
“Se le allanó el 7 de febrero de 2025 y se le ocuparon los documentos originales de la empresa, lo que contradice su declaración de haber salido hace dos años”, enfatizó Cordero.
Además, el Ministerio Público indicó que Loany Lismeiry Ortiz Nova, detenida el 15 de febrero en Colombia, se encuentra en proceso de extradición, sin definir aún si aceptará voluntariamente o postergará su retorno al país.
Las investigaciones han revelado que la estafa inmobiliaria involucró la venta de propiedades de lujo inexistentes a través de las empresas Novasco Real Estate S.R.L. y la franquicia RE/MAX ONE. De acuerdo con el Ministerio Público, la red captó más de 18 millones de dólares mediante este esquema fraudulento, perjudicando a 122 personas y al Estado dominicano.
Las autoridades continúan las pesquisas para determinar la totalidad de los afectados y recuperar los fondos captados por la organización criminal.
